Impuesto a las ganancias

El impuesto a las ganancias, sin duda, es el asunto que pateó el tablero político argentino de cara a fin de año. Esto no se debe tanto a las particularidades de los proyectos que fueron presentados, tanto el oficialista como el opositor, sino por cómo se dieron los hechos en la Cámara, en lo denominada “rosca” política.

Lo que se conoce como sesiones ordinarias habían finalizado. Por Decreto 1194/16 se convocó a sesiones extraordinarias, donde el ejecutivo es quien envía el listado de temas a tratar, en un periodo que abarca desde el 1º hasta el 30 de diciembre. En ese listado se encontraba la Ley de Emergencia Social, las modificaciones al Código Electoral y el ya famoso impuesto a las ganancias, entre otros temas.

El impuesto a las ganancias es un impuesto de los llamados “progresivos” ¿Por qué? Porque se deduce en proporción a los ingresos declarados. A diferencia del IVA (impuesto al valor agregado), va aumentando a medida que aumenta el nivel de ingresos.

El proyecto presentado por el oficialismo tenía pocas modificaciones a los niveles actuales, donde una persona soltera que cobraba más de 22 mil pesos estaría en condiciones de pagar el impuesto, sin tener en cuenta otras deducciones como el alquiler, por ejemplo, y el piso para personas casadas con dos hijos era de 25 mil pesos. Otro punto de diferencia, es que el proyecto oficial no distinguía entre jubilados y trabajadores activos, cosas que el proyecto opositor sí contempla. Pero, sobre todas las cosas, el punto que más hace ruido es el siguiente: El proyecto opositor incluye a la minería, al juego, al sector judicial y parte del circuito financiero en el impuesto.

Esto es un duro revés para el oficialismo, ya que, como todos sabemos, una de las primeras medidas del gobierno fue, entre otras, sacarle las retenciones a la minería y a otros grupos concentrados.

Como vemos, el proyecto presentado desde el arco peronista (y con el apoyo incluso de espacios como el GEN de Margarita Stolbitzer) protege mucho más a la clase media, la cual, de aprobarse el proyecto presentado por Cambiemos, sufriría otro duro golpe.

La falta de pericia


Lo que sucedió fue inédito: El ejecutivo es quien lleva un tema a las extraordinarias y es él mismo quien obtiene una derrota rotunda. Probablemente sea el fracaso (parcial, todavía falta senadores y ver el si el presidente lo veta o no) más estrepitoso de los últimos tiempos en materia legislativa y que no hace más que afirmar lo que el tan sospechado y resistido Emilio Monzó (presidente de la Cámara de Diputados, de pasado peronista) dijo:

“Si Cambiemos no amplía su base política, es decir, si no afina sus alianzas con otros espacios políticos y no se preocupa por obtener cierta territorialidad, el futuro no es muy alentador”.

Este es uno de los puntos cruciales en las tensiones que se vienen presentado dentro de Cambiemos, en lo que se puede reducir a la propaganda y el marketing de Marcos Peña y Durán Barba versus el “barro de la política” por parte de Emilio Monzò y compañía.

Emilio Monzó
Emilio Monzó

Con Rogelio Frigerio en China, el ministro de llegada a los gobernadores y pilar crucial para este tipo de negociaciones y con tan sólo la “confianza” (!) de que iba a ser aprobado sin problemas, el proyecto oficialista desembarcó en la Cámara. Con Massa a la cabeza, todo el arco opositor se encolumnó, pasando desde el Bloque Justicialista hasta Kicillof y allegados. Con una inusitada tranquilidad, el proyecto salió con media sanción de la Cámara de Diputados, lo que dejó al bloque Cambiemos en un shock casi total.

Las acusaciones no tardaron en llegar. Desde el Ejecutivo acusan a Emilio Monzó de no avisar, mientras que desde el bloque legislativo oficialista acusan a Prat Gay de no hacer un proyecto atractivo para la clase media. Ahora bien, todas las fichas están puestas en el Senado, donde se verá si se obtiene una sanción completa o no. Una de las herramientas de presión clásica sobre las gobernadores ya no está en juego, el presupuesto, pero el gobierno siempre tiene cartas bajo la manga en este asunto, por lo que el futuro es incierto. Sin embargo, algunos inconvenientes pueden trabar esto, como el conflicto con el gobernador Das Neves, quien está más que molesto por unos impuestos sobre la materia portuaria.

¿Asumirá el costo político de vetarlo el presidente Macri, como hizo con la Ley Antidespidos? Si cada proyecto que cuenta con el aval de la Cámara y no convence al Ejecutivo será vetado, es un claro golpe a la institucionalidad y el rol que juega en la democracia la representación parlamentaria. Lo que sí es claro es que lo que se conoce como “cintura” política no es el fuerte del oficialismo.

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